Después de más de dos semanas desde la emisión del fallo por parte de la Segunda Sala, este viernes el Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer los argumentos para desestimar la acusación presentada por Universidad de Chile contra Jorge Almirón, por un presunto desacato en el partido contra Huachipato. El fallo concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la denuncia.

En su resolución, el Tribunal recordó que la Primera Sala había determinado por unanimidad que los funcionarios del club albo, René Mena, jefe de seguridad, y Víctor Vidal, coordinador, portaban elementos de comunicación propios de su rol, pero no incurrieron en ningún incumplimiento respecto a las normas que regulan su ubicación. Esta observación fue clave para el análisis posterior de la denuncia, ya que según el Tribunal, no se pudo comprobar que Almirón hubiese dado instrucciones a los miembros de la banca durante el encuentro.

Evaluación de las pruebas y argumentos

El análisis de las pruebas presentadas por la U fue un punto crucial en la decisión. Según el voto mayoritario de la Segunda Sala, "en ninguno de los videos se observa que ni el Sr. Mena como el Sr. Vidal se encuentren en la zona de la banca de suplentes, motivo suficiente para rechazar cualquier denuncia". Este argumento fue reforzado por la ausencia de pruebas directas que demostraran que estos funcionarios, o los instrumentos de comunicación que portaban, se encontraban en el área de la banca, lo que permitió al Tribunal concluir que no se había infringido ninguna disposición reglamentaria.

A pesar de esto, los votos a favor de la denuncia señalaron que las pruebas presentadas por el equipo laico eran suficientes para establecer "un conjunto de indicios e inferencias, precisas y concordantes", sugiriendo que Almirón había dado instrucciones desde fuera de la zona permitida. De acuerdo con esta postura, el Tribunal no debía determinar el contenido exacto de las conversaciones, sino que debía considerar la sospecha de que estas instrucciones se intentaron ocultar, lo cual generaba dudas sobre la legalidad de la acción.

División en el voto y el principio jurídico final

En medio de las discusiones, los jueces que votaron en minoría argumentaron que la denuncia "no es descabellada ni irracional", y que la carga de la prueba recaía en el infractor, en este caso, el club que debía explicar qué conversaciones se intentaron mantener en secreto. Estos jueces sostuvieron que el hecho de no haber obtenido esa aclaración era suficiente para concluir que hubo una acción contraria al reglamento.

Sin embargo, pese a los argumentos presentados a favor de la acusación, el dictamen final fue adoptado por tres de los cinco integrantes del Tribunal. Los jueces Jorge Ogalde Muñoz, Claudio Guerra Gaete y Bruno Romo Muñoz apoyaron la decisión, mientras que los jueces Mauricio Olave Astorga y Ernesto Vásquez Barriga votaron en contra, mostrando así la división en la interpretación de los hechos.