Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo, centrocampistas de la selección italiana, abandonaron este jueves la concentración del equipo nacional en el Centro de Coverciano tras la notificación de que son investigados por la Fiscalia de Turín, lo que según la prensa local se debe a las supuestas apuestas en plataformas ilegales.

"La Federación anuncia que, a última hora de la tarde de este jueves, la Fiscalía de Turín ha notificado actos de investigación a los jugadores Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo, que se encuentran reunidos con la selección nacional en el Centro Técnico Federal de Coverciano", explicó el citado organismo en un comunicado en su página web oficial.

"Independientemente de la naturaleza de los hechos, creyendo que en esta situación los dos jugadores no se encuentran en las condiciones necesarias para afrontar los compromisos previstos en los próximos días, la Federación decidió, también para protegerlos, permitir su regreso a sus respectivos clubes", continuó.

Según la prensa local, la Policía acudió esta tarde a la concentración de la selección italiana para notificar la investigación a ambos jugadores.

Tanto Tonali, futbolista de Newcastle, como Zaniolo, jugador de Aston Villa, son bajas en la selección italiana para los compromisos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 frente a Malta, este sábado, e Inglaterra, el próximo martes.

Un día antes, este miércoles, también se conoció que la Fiscalia de Turín investiga a Nicolo Fagiolo, centrocampista de Juventus, dentro de las apuestas en plataformas ilegales.

El Código Deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), en su artículo 24, recoge la prohibición "a los sujetos del régimen federativo, directivos, socios y socios portadores de carnet de clubes pertenecientes al sector profesional a realizar o aceptar apuestas, directa o indirectamente, incluso de personas autorizadas a recibirlas, relativas a los resultados de partidos oficiales organizados en el marco de la FIGC, la FIFA y la UEFA".

Las apuestas pueden suponer una sanción de tres años y una multa económica de al menos 25.000 euros.