La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia formuló pliego de cargos a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a dos empresas por "la desviación masiva" de entradas para los partidos de las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, informó esa entidad.

"La Superintendencia de Industria y Comercio, después de más de 10 meses de indagaciones, formuló pliego de cargos a la FCF, Ticketshop, Ticketya, sus altos directivos y varias otras personas", manifestó el superintendente, Pablo Felipe Robledo, citado en un comunicado de la SIC.

Según la entidad, las empresas implicadas planearon y diseñaron junto a la Federación una "estrategia" para desviar las entradas de los partidos en los que la selección colombiana de fútbol ofició de local y revenderlas a precios superiores.

Durante la investigación, en la que se recolectó material de Barranquilla, Bogotá y Cartagena, la SIC estableció que el entramado se desarrolló por fases y que en la primera de ellas se direccionó el "contrato de operación" de las entradas desde la FCF hacia Ticketshop.

La segunda fase del plan contempló la desviación de más de 42.000 entradas y en la tercera fase los implicados hicieron la reventa de las mismas "a precios superiores a los de taquilla".

"En total se desviaron 42.221 boletos de un valor nominal de 8.700 millones de pesos (unos 3,02 millones de dólares). En un escenario conservador de reventa en el primer eslabón, esas boletas hubiesen podido generar ingresos de 21.800 millones de pesos (unos 7,5 millones de dólares) con utilidad de más de 13.000 millones (unos 4,5 millones de dólares)", explicó Robledo.

Entre los implicados se encuentran el ex presidente de la FCF Luis Bedoya, detenido en Estados Unidos por el caso conocido como Fifagate; el actual presidente de la FCF, Ramón Jesurún; el representante legal de Ticketchop, César Ronaldo Carreño, y el representante legal de Ticketya, Elías José Yamhure.

Por el entramado, la SIC podría imponer multas por más de 78.124 millones de pesos (unos 27,2 millones de dólares) por cada infracción o 1.562 millones de pesos (unos 543.000 dólares).