El Gobierno de Bolivia decidió este jueves retirar el permiso de operaciones de la aerolínea Lamia y suspender a las autoridades del sector aeronáutico, mientras se investigan las causas que llevaron a permitir el despegue del avión que transportó a Chapecoense y que estrelló el lunes en Colombia.

La decisión afecta a las principales autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), anunció en una rueda de prensa el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros.

"No estamos responsabilizando a ninguna persona, pero mientras duren las investigaciones vemos conveniente que los ejecutivos puedan ser suspendidos", dijo Claros.

La DGAC es la encargada de la supervisión técnica de las aeronaves y Aasana es la que aprueba los planes de vuelo.

El Ministerio de Obras Públicas ordenó, además, hacer dos investigaciones: una sobre por qué se otorgó a Lamia una certificación como operador aéreo y si cumplía todos los requisitos y la otra sobre el capital de la empresa, sus accionistas y ejecutivos.

Claros agregó que se supervisa la investigación que ya reaiza la DGAC sobre el accidente y "todos los eventos referidos a los permisos otorgados" para que el avión despegara el lunes desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz (este).

Hasta la fecha, según la autoridad boliviana, en el ministerio no tienen "la certeza de cuál fue la falla precisa" de la aeronave de Lamia, que se estrelló causando la muerte de 71 personas, entre ellas casi toda la plantilla de Chapecoense.

Claros dijo que esperan aún las conclusiones del informe para tomar las acciones pertinentes, añadiendo que "como gobierno vamos a aplicar todo el peso de la ley en cuanto a responsabilidades siempre y cuando haya habido omisión de las mismas".

El ministro dijo que se investigará si en efecto hay un parentesco entre uno de los ejecutivos de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, y el director de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas, que, según los medios, son padre e hijo.

"Los resultados (del proceso de investigación) mostrarán qué tipo de relación ha existido (entre la DGAC y Lamia), parentescos, etcétera", sostuvo la autoridad.

Según un informe difundido por el diario El Deber, una funcionaria de Aasana, Celia Castedo, hizo advertencias acerca de que el plan de vuelo del avión de Lamia tenía al menos cinco observaciones por las cuales la nave no debía despegar.

Al respecto, el ministro dijo que no existe "reporte hasta la fecha" sobre el citado informe y comentó que los medios de comunicación están lanzando muchas hipótesis.

La principal observación del informe publicado en la prensa se refiere al tiempo de vuelo previsto entre Santa Cruz y el aeropuerto de la ciudad colombiana de Medellín (cuatro horas y 22 minutos), que era el mismo registrado para la autonomía de combustible que tenía el avión.

Ante esta observación el ministro precisó que ese mismo avión, aunque era un jet regional, ya había hecho otros vuelos internacionales y tenía la "obligación" de establecer un punto intermedio para abastecerse.