Tras el caso que reveló la atleta Érika Olivera, quien fue abusada sexualmente durante 12 años por su padrastro, el senador de la DC Patricio Walker insistió en la necesidad de poner urgencia al proyecto que declara imprescriptibles los delitos de abusos sexuales.

El parlamentario reconoció que el caso de Olivera "me ha impactado muchísimo y esto demuestra que las personas que son abusadas sexualmente de niños se demoran muchos años en hacer la denuncia".

A juicio de Walker, esto ocurre dado que "el abusador es el padrastro, alguien del círculo íntimo, porque hay amenazas, porque la madre no quiere creerle a la hija, y por eso, al igual que los crímenes de lesa humanidad, los delitos sexuales contra menores tienen que ser imprescriptibles para que el paso del tiempo no sean sinónimo de impunidad".

El proyecto fue propuesto en 2010 y en la ley actual estos delitos prescriben luego de 10 años. La única manera de impedirlo es comprobar que el acusado siguió cometiendo estos delitos.

La propia Olivera manifestó la necesidad de que éstos delitos no prescriban. En conversación con Una Nueva Mañana, la atleta chilena enfatizó que "un niño no tiene conciencia de lo que pasa, sometido a estas aberraciones, creces con este miedo, que se apodera de ti".

"Tu entorno te motiva a no denunciar y uno termina no hablando. Cuando decides hacerlo no puedes porque está prescrito. Es súper divertido y son malas las leyes que tenemos, me encantaría que en el futuro haya más mano dura ante estas situaciones y que estas personas no queden impunes", cerró.

Para Carlos Alvear, comisionado para la Infancia y adolescencia del Servicio Nacional del Menor (Sename), casos como el de Olivera actualmente se pueden detectar a tiempo y que trabajan "en una red de defensoría de infancia que involucra programas de representación jurídica para niños víctimas de delitos".

Alvear explicó que en estas situaciones existe "una asimetría de poder. Hay un adulto que en base a la relación de confianza abusaba niños. Sale muy bien reflejado cómo los abusadores utilizan la estrategia de orden que mantenía a los niños silenciados".

En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de la investigación tras la denuncia. El acusado, si se declara culpable, arriesga penas que parten desde los cinco años de cárcel.