Duras críticas tuvo este miércoles el fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Alberto Ayala, ante las decisiones de las juezas que los dos días previos optaron por dejar en libertad a Pablo Ávila Méndez, hincha de la Universidad de Chile de 23 años que confesó haber asesinado a balazos a un barrista de Colo Colo, Claudio Lincaqueo.

El día lunes la jueza Natacha Ruz liberó a Ávila al destacar su confesión y el que no tuviera antecedentes policiales. Ayer la magistrada Valeria Vega sólo le impuso las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional.

Vega planteó críticas al procedimiento y puso en duda el resguardo de los derechos del imputado al momento de su detención y posterior confesión, algo que rechazó abiertamente el fiscal Ayala.

"Los antecedentes que nos entregó a nosotros la PDI –y no tenemos por qué dudar de ellos- demuestran para la Fiscalía, y así lo hicimos presente al tribunal, que el procedimiento se encuentra ajustado a derecho. Si vamos a poner permanente en duda si las actas de incautación corresponden a la realidad, si la lectura de derechos corresponde a la realidad, si fue o no voluntariamente una persona a prestar declaración, evidentemente el sistema colapsa", alegó el representante del Ministerio Público.

Ayala afirmó que el fiscal que investiga el caso, Felipe Sepúlveda, "se apersonó al cuartel policial luego de haber concurrido voluntariamente el imputado, y le expresó categóricamente que tenía derecho a guardar silencio, y él (el imputado) manifestó claramente su intención de declarar, no obstante el fiscal le señaló que todo lo que dijera podía ser usado en su contra".

Por otra parte, "tenemos no sólo la confesión de este señor, sino que otros antecedentes probatorios que demuestran su participación, como por ejemplo las filmaciones, la patente, la declaración de su conviviente, que también fue advertida de su derecho de no incriminarlo".

"En consecuencia, como dijo el subsecretario (de Prevención de Delito, Cristóbal Lira, a propósito de este caso), aquí hay un problema de sentido común, ni siquiera de norma jurídica", manifestó Ayala.

El persecutor criticó, en último término, que "el día anterior (lunes(, cuando se le solicitó a la otra magistrado (Ruz) la privación de libertad (de Ávila), porque no se encontraba privado de ésta, la juez no dio lugar a esa detención basada precisamente en que la declaración había sido voluntaria y, según ella, permitía señalar (creer) que (el sujeto) se iba a presentar a la audiencia (de formalización de ayer). Al otro día (martes), otra magistrada (Vega), dice que esa declaración no tiene validez; de qué estamos hablando...", manifestó.