Contraloría ordena sumario tras detectar nuevas irregularidades en el IND
El organismo fiscalizador sigue con atención al menos tras causas.
La Contraloría General de la República ordenó un procedimiento para determinar responsabilidades por faltas cometidas por el Instituto Nacional de Deportes (IND), relacionadas al no cobro de multas a la empresa Import Export Harthey.
De acuerdo a lo informado por El Mercurio, la mencionada compañía en 2020 incumplió un contrato con el IND y sobrepasó en 49 días el plazo para la entrega de productos, por lo que correspondía cursar multas correspondientes a cinco millones, las que nunca fueron cobradas.
Además, en el informe publicado el pasado 27 de diciembre, la Contraloría sugiere incluir en el sumario irregularidades detectadas por la contratación de manera directa de servicios.
El IND pagó $166 millones a Allard Asociados SPA, estudio encabezado por el urbanista Pablo Allard, quien fuera encargado del plan de reconstrucción posterremoto de 2010 por el primer gobierno de Sebastián Piñera.
De acuerdo a la CGR, no se cumplieron las causales que establece la norma para visar un trato directo.
Otra observación formulada por la Contraloría apunta a la adjudicación de la vigilancia del Estadio Nacional a la empresa JCA Security, a la que se pagaron 234 millones de pesos entre marzo y diciembre de 2020, pese a que no hubo licitación.
Desde la IND entregaron su versión de los hechos al periódico: "Esta situación se encuentra en investigación para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes, y respecto al pago de la multa, esta se hará efectiva próximamente por parte de la empresa", expresó el ente gubernamental.
"En el contexto de los hechos derivados del estallido social ocurrido en 2019, la seguridad de los deportistas del Team Chile y de la infraestructura se vio severamente afectada, lo cual estableció la urgencia de contar con personal especializado que brindara la protección necesaria al recinto y permitiera enfrentar de forma efectiva los intentos de toma de dependencias, amenazas a los usuarios y destrucción de la propiedad pública", añadió en relación a la empresa de seguridad.
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